La diputada nacional María René Álvarez presentó este martes, una Acción de Cumplimiento contra los diputados Andrés Flores, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, y Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados, para que esa instancia legislativa pueda tratar de inmediato el proyecto de ley 163/2024-2025 que deroga la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

La demanda fue ingresada ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, luego de no recibir respuesta alguna de la referida Comisión de Diputados donde el proyecto ley aprobado por el Senado el pasado 5 de febrero, se encuentra estancado.

“El país se encuentra en un estado de tensión provocado por el Gobierno. La disposición séptima o disposición confiscatoria entró en el PGE sin ningún consenso ni debate con el sector productivo, es una imposición que solo busca destruir el aparato productivo, la propiedad privada, el libre comercio y el patrimonio comercial de miles de bolivianos”, expuso Álvarez.

La diputada cruceña explicó que el Gobierno en estos casi cinco años de gestión terminó por destruir la economía nacional, perdió todas las reservas internacionales, endeudó al Banco Central de Bolivia (BCB) y tomó dinero de las pensiones en las desaparecidas AFPs y ahora apunta contra el aparato productivo del país.

Recordó que la confiscación de productos se puede repetir con la disposición vigente, tal como pasó en diciembre con un operativo contra cinco ingenios arroceros en Montero a los cuales se les acusó de “ocultar” su producción y se decomisó el arroz para luego ser entregado a la estatal Empresa de Producción de Alimentos (Emapa).

“Ese es el modelo de este gobierno comunista, socialista y estatista. Quiere ver a la gente sometida, al emprendedor arrodillado y al comerciante gremial cada vez más dependiente de Estado”, manifestó la diputada.

“No lo vamos a permitir y si este gobierno insiste en incumplir la CPE y seguir conduciendo al país a un sendero de conflicto, vamos a apoyar todas las acciones que tome el sector productivo y el sector gremial para decirle a Arce y sus subordinados: ¡Basta de tanto abuso!”, concluyó Álvarez.   

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En la ciudad de Sucre, la diputada nacional María René Álvarez ingresó una demanda de carácter preventivo y sancionatorio ante el Tribunal Agroambiental por el caso de biocidio de jaguares, cometido en el Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías.

La legisladora acudió al Tribunal Agroambiental para continuar la investigación contra el empresario argentino Jorge Nestor Noya y el súbdito español Luis Villalba Ruiz, ambos señalados por ser responsables de la matanza de cinco jaguares en 2023, cuando se realizó una incursión en el ANMI San Matías del departamento de Santa Cruz, bajo la fachada de turismo.

“Este caso debe sentar precedente y jurisprudencia ambiental para la defensa de nuestros recursos naturales y especies protegidas, ante esta práctica de la caza ilegal en nuestro país”, expresó la legisladora.

Álvarez considera que esta es una oportunidad para que los nuevos juristas posesionados en enero, con la presidencia del magistrado Richard Méndez, demuestren que van a ejercer sus cargos bajo los criterios de responsabilidad y compromiso con la defensa ambiental, sin sesgo ni injerencia política.

Noya actualmente es procesado en Argentina y se encuentra en detención domiciliaria. En septiembre de 2023, el sujeto impulsó un tour desde su grupo Caza & Safari, en el que se ofertaba la caza de especies, desde aves hasta felinos que se encuentran como especies protegidas dentro del Estado boliviano.

Por el carácter internacional del caso, el memorial cita normativa suscrita por Bolivia, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), la Convención de Bonn, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Animales y el Acuerdo de Escazú.

En el petitorio, se solicita “adoptar medidas de prevención efectivas, orientadas a la protección de la vida silvestre, con especial atención a las especies en peligro de extinción, a fin de evitar la reincidencia de acciones que amenacen la biodiversidad y los ecosistemas”.

También se pide la “prohibición inmediata y temporal de cualquier actividad relacionada con la caza, captura, transporte o comercialización del jaguar o sus derivados (dientes, piel, etc.)”, además del cierre o restricción de acceso en zonas críticas donde se haya detectado caza furtiva o comercialización de productos derivados”.

En el ámbito preventivo, la legisladora apunta a fortalecer los sistemas de monitoreo en áreas protegidas, como parques nacionales y reservas ecológicas, con patrullajes constantes con apoyo de guardaparques, comunidades locales y fuerzas de seguridad, así como reforzar controles en puntos fronterizos y rutas comerciales claves, con el objetivo de frenar la exportación o tráfico de productos ilegales derivados del jaguar.

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El relator Javier Palumno estableció contacto con las legisladoras nacionales y escuchó el informe sobre los constantes avasallamientos de tierras, que durante los últimos años tienen una relación directa con los incendios forestales, explicando, además, que la titulación de tierras se va manejando como una estrategia de toma territorial que ahora apunta a ingresar a las tierras fiscales.

Tanto la senadora como la diputada, ambas representantes del departamento de Santa Cruz, apuntaron responsabilidades al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), así como los ministerios respectivos, como parte del problema de los asentamientos ilegales y el tráfico de tierras.

De igual forma, se explicó las consecuencias que tienen los avasallamientos en el habitad de los pueblos indígenas, cuyos derechos fundamentales son vulnerados por la incursión de los grupos de interculturales y otros afines al partido en función de gobierno.     

“Estamos hablando de un traslado geopolítico que hace el Gobierno de sus grupos interculturales, a través de entidades como el INRA y la ABT”, mencionó Álvarez.

A su turno, Rek alertó que los recursos económicos para atender los incendios son utilizados, según denuncias, en ese traslado de gente afín al Gobierno, pero también se conoce que desde el INRA se ha comenzado a subir el valor de las tierras hasta 600 veces, algo que genera casos de corrupción.

“El problema es muy profundo, Bolivia va a terminar en una guerra civil o un proceso de depredación y enfrentamientos muy peligroso”, expresó la senadora.

El relator de la CIDH estuvo en Bolivia en diciembre pasado y se reunión con personeros de la Cancillería del Estado para recibir información parcial sobre los incendios forestales y la atención que hizo el Gobierno.

Sin embargo, Palumno solo recibió una parte de los datos, ante las diez millones de hectáreas quemadas en Bolivia y la versión gubernamental que trató de responsabilizar a los agroproductores por ese desastre ambiental.

“El Gobierno quiere crear la narrativa de que los cruceños generan los incendios, que los productores son los que fomentan las quemas y eso es falso. Esa narrativa apunta a generar normas que castiguen a estos productores para poder comenzar a revertir las tierras”, respondió la diputada representante de la Chiquitania.

Los créditos solicitados por el Gobierno y el INRA también fueron cuestionados por las legisladoras nacionales, porque no se pueden aprobar recursos desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando no existe transparencia ni siquiera una base de datos que certifique el proceso de saneamiento de tierras o titulación de propiedades.  

Finalmente, hubo el compromiso de facilitar información a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sobre todo porque surgieron nuevas denuncias sobre la expulsión de organizaciones ambientalistas que sería el primer paso para iniciar otra etapa de redistribución de tierras fiscales y el ingreso a áreas protegidas del país.  

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La diputada nacional María René Álvarez presentó ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, una querella contra los autores del biocidio de jaguares cometido en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, delito cometido a través de la actividad de la caza ilegal de especies.

“Nos apersonamos ante la Fiscalía porque no podemos continuar viendo cómo además de avasallar nuestras tierras, existen grupos organizados que ahora atacan y trafican con nuestras especies animales protegidas y en peligro de extinción”, señaló la legisladora cruceña.

El memorial, en calidad de víctima como representante del departamento y en el marco de las atribuciones fiscalizadoras como diputada nacional, fue ingresado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Medioambiente, Pérdida de Dominio, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La querella identifica a Jorge Nestor Noya y Luis Villalba Ruiz como autores de los hechos, catalogados dentro de las figuras de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional como delitos ambientales.

Según la relación de hechos, expuesta por la diputada, desde septiembre de 2023 el grupo Caza & Safari, bajo la fachada de empresa de turismo, ingresó al ANMI San Matías de la provincia Ángel Sandoval, y provocó la muerte de cinco jaguares de forma premeditada y violenta.

“La conducta de los sindicados es antijurídica, ya que infringe normas explícitas destinadas a proteger la biodiversidad y el medio ambiente. Además, no existen causas de justificación que legitimen la caza de jaguares en áreas protegidas, pues estas acciones no responden a necesidades de subsistencia, sino a intereses económicos y recreativos contrarios a las disposiciones legales”, señala parte de la querella patrocinada por el abogado Juan Carlos Camacho.    

Las primeras indagaciones revelan que se trata de una red que opera desde Argentina y coordina estas actividades ilegales en Brasil y Bolivia. La Fiscalía Ambiental comenzó la investigación, pero cuestionó la falta de apoyo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el Ministerio de medio Ambiente y Aguas (MMAyA) y la Gobernación de Santa Cruz. 

“Pedimos también que los encargados de proteger nuestros recursos en fauna sean parte del proceso para brindar información. Por eso llamamos a las cabezas del Sernap y del Ministerio de Medio Ambiente”, agregó Álvarez.

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La diputada nacional María René Álvarez presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) para conocer los motivos que llevaron al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) a desvincular de su puesto de trabajo al guardaparques Marcos Uzquiano.

La legisladora emitió la nota hacia el ministro Alan Lisperguer para verificar si desde el Sernap se justifica el despido de este destacado guardaparques que ha venido desarrollando una importante labor en defensa de las áreas protegidas.

"Este es un despido abusivo e injustificado, por eso estoy solicitando información sobre los antecedentes que han tomado en el Sernap para desvincular a un profesional que se ha destacado en su labor, incluso con premios internacionales y nacionales", expresó Álvarez. 

La diputada nacional deploró el accionar del director del Sernap, Johnson Jiménez, y adelantó que se investigará qué hay detrás de estos despidos, porque denotan fuertes intereses de ingresar y no tener fiscalización en las 23 áreas protegidas que existen en el país.

En ese marco, la PIE pide documentar el proceso de despido, las justificaciones y evaluación al guardaparques, así como verificar el cumplimiento de los derechos laborales de Uzquiano.

El 30 de diciembre, Uzquiano recibió un memorandum de desvinculación de su puesto de trabajo como jefe de la Protección de la Reserva de la Biósfera - Estación Biológica de Beni. También fueron despedidos Guido García Carballo, Gonzalo Gutiérrez Quispe y Aníbal Alfredo Alfaro Vega.

En 2022, Uzquiano recibió desde África dos galardones de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Federación Internacional de Guardaparques. En Bolivia la Defensoría del Pueblo le otorgó en diciembre del año pasado, el galardón de Embajador de Derechos Humanos.

En 2023, Uzquiano, junto al guardaparques Raúl Santa Cruz, denunció el ingreso de maquinaria al Parque Nacional Madidi, con el objetivo de realizar actividades mineras ilegales. Ambos guardaparques fueron amenazados con procesos penales y el caso llegó incluso a conocimiento de Amnistía Internacional.

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La diputada nacional María René Álvarez se apersonó como tercera interesada a la audiencia de Acción Popular que se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y logró que los vocales emitan un exhorto para que el Legislativo aborde y debata la abrogación de la Ley 741, considerada una norma incendiaria, permisiva y depredadora.

Álvarez participó de la audiencia virtual para aportar nuevas pruebas que permitan abrogar las denominadas leyes incendiarias, como ser la Ley 741 que ha provocado los incendios forestales y la catástrofe ambiental en el departamento y sobre todo en la región de la Chiquitania.

La Sala Constitucional Segunda presidida por los vocales Aldo Quezada y Efraín Cruz, escuchó la exposición de la legisladora, quien detalló las diez normas incendiarias aprobadas por los gobiernos del MAS entre 2013 y 2019, ocho leyes y dos decretos supremos, que contribuyeron en la quema de 50 millones de hectáreas durante todo este tiempo, siendo 2024 el peor año de desastre ambiental provocado en Bolivia.

La diputada se centró en denunciar la Ley 741 que "autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias", aprobada en 2015 porque es la principal causa para la extensión de las mal llamadas que más controladas que ya en 2019 devastaron más de 5 millones de hectáreas de tierras y bosques.

El vocal Cruz denegó la acción, pero exhortó a que la Asamblea Legislativa prosiga el trámite de sustanciación y deliberación para analizar, técnica y jurídicamente, si las normas citadas son la causa de los incendios y en qué porcentaje hubo de responsabilidad.

A su vez, el vocal Quezada añadió que la Asamblea Legislativa debe continuar con el tratamiento de los proyectos de ley que tengan que ver con la temática del medio ambiente y definir su carácter preventivo o restaurativo, así como analizar si corresponde la modificación, derogación o abrogación de las actuales normas vigentes.

El pedido concreto fue que se disponga al Órgano Legislativo que cumpla su labor y abrogue esas leyes, por ser una amenaza y peligro contra el medio ambiente, pero sobre todo que atenta a la salud y vida de las comunidades indígenas.

La Acción Popular fue presentada por María Sonia Roca y otros, contra el presidente del Estado, Luis Arce, y sus autoridades, en el marco de la defensa al medio ambiente. La adhesión de la diputada cruceña también apunta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, y los presidentes de ambas cámaras, Omar Yujra en Diputados y Andrónico Rodríguez en Senadores.

Durante la audiencia, Álvarez aclaró que la abrogación de la Ley 741 no fue rechazada sino que avanzó en la Cámara de Senadores, pero quedó paralizada en la Comisión de Constitución de Diputados, donde no se ha logrado convocar a sesión para reanudar su tratamiento y posterior sanción, un hecho que demuestra la falta total de voluntad política de parte de los legisladores de oficialismo y oposición.

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La diputada María René Álvarez remitió una nota a la Defensoría del Pueblo a fin de que se aplique la tutela concedida a una Acción Popular destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas, como una forma de respaldo a la primera Marcha Indígena por la Vida y el Territorio, que esta jornada ingresa a San Ignacio de Velasco.
La diputada manifestó su respaldo a la marcha que la pasada semana partió desde las comunidades del Alto y Bajo Paraguá para pedir atención de los tres niveles del Estado y denunciar la catástrofe ambiental sufrida por los recientes incendios forestales que afectaron a esta región chiquitana.

“Solicito que en el ejercicio de sus funciones, el defensor del Pueblo apoye activamente a estos pueblos indígenas y aplique sus buenos oficios para evitar más vulneraciones a los derechos de las comunidades de tierras bajas, que se ven despojadas de sus territorios y medios de subsistencia debido a las acciones irresponsables de terceros, así como la falta de control estatal efectivo”, señala la nota dirigida a Pedro Callisaya.

El pasado 1 de octubre, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó conceder la tutela planteada por el Defensor del Pueblo en la Acción Popular por los incendios forestales. “De esta manera, la justicia dispone el resguardo y restitución de los derechos de la Madre Tierra, biodiversidad y de los pueblos indígenas”, cita la institución.

Los comunarios de tierras bajas plantearon un pliego con solicitudes para que el Estado pueda cumplir con el desalojo de asentamientos ilegales; la abrogación de leyes que facilitan los incendios forestales; un inventario y evaluación post incendio; la construcción de pozos; la protección y conservación de los recursos hídricos; la modificación del Decreto Supremo de pausa ambiental; así como la protección del territorio ancestral del Alto Paraguá.

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La diputada nacional María René Álvarez, como representante de la Chiquitania, respalda la primera e histórica Marcha por la Vida y el Territorio que iniciaron la pasada semana las comunidades del Alto y Bajo Paraguá en demanda de atención del Estado.

En ese sentido, la legisladora recordó que la marcha indígena que partió de la comunidad San José de Campamento, llegará a San Ignacio de Velasco esta semana, tras haber visto afectado su territorio en más de 90% por la sequía y los incendios forestales de este año.

"Estas comunidades indígenas viven de la naturaleza, de los recursos naturales y con los incendios forestales lo han perdido todo", expuso la diputada.

En ese sentido, Álvarez remitió notas a los ministerios de la Presidencia, de Medio Ambiente y Aguas (MMAYA) y de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT), con el pliego petitorio de las comunidades indígenas que exigen la justa demanda de atención inmediata del Estado.

El pliego pide: el Desalojo de asentamientos ilegales; la abrogación de leyes que facilitan los incendios forestales; un inventario y evaluación post incendio; la construcción de pozos; la protección y conservación de los recursos hídricos; la modificación del Decreto Supremo de pausa ambiental; así como la protección del territorio ancestral del Alto Paraguá.

La diputada remarcó que el desastre ambiental provocado por los incendios forestales obedece, ante todo, a la permisividad del Gobierno con sus grupos aliados que durante estos años llegaron a avasallar el territorio chiquitano, además de la normativa que alienta las quemas como la Ley 741 que todavía se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. 

Todas esas acciones son calificadas como delitos ambientales y aquello será denunciado para que las actuales autoridades, incluyendo al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, sean procesados a nivel internacional.