La diputada nacional María René Álvarez respondió a las
declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien reconoció que en
Derechos Reales (DDRR) existen mafias, y a las cuales el gobierno del proceso
de cambio no combatió durante sus 18 años de administración.
El funcionario del Ejecutivo trató de justificar la
emisión del Decreto Supremo 5143 que reglamenta la Ley de DDRR y que establece,
entre otras modificaciones, la creación del Sistema Único del Registro de
Derechos Reales a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de
la Información y Comunicación (Agetic) que es parte del Ministerio de la
Presidencia.
“Lima también parece decir que lo que busca el Ejecutivo
es tomar DDRR para desplazar o reemplazar a esas mafias. Solo así se entiende
que el Ejecutivo a través de sus funcionarios, que son agentes políticos,
insiste en tener control sobre las propiedades de los bolivianos”, expuso la
diputada.
En ese sentido, Álvarez remarcó que los funcionarios de
la Agetic responden a órdenes políticas y al tener acceso a los datos de las
propiedades y viviendas de todos los ciudadanos, se incurre en nuevos riesgos
contra las libertades de los bolivianos.
“Nada de lo que haga este régimen socialista puede ser a
favor de los ciudadanos, siempre van a pensar en el beneficio de la clase
política. DDRR no pueden pasar a control de una entidad política como es la Agetic
y menos mediante un simple decreto”, agregó.
En cuanto al procedimiento, la diputada y cuarta
secretaria de la Directiva Camaral, dijo que el tema de DDRR no puede manejarse
a través de un decreto sino mediante una Ley que debe pasar por el debate de
los diputados y senadores, dentro de sus atribuciones constitucionales.
“Si quieren tratar el tema de DDRR lo vamos a hacer por
ley, con debate entre quienes representamos a todos los departamentos y a cada
uno de los ciudadanos de nuestro país, pero no a través de un simple decreto
del Ejecutivo”, concluyó.
El DS 5143 fue emitido por el presidente Luis Arce el
pasado 10 de abril y reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales de
1887. En sus 91 artículos y disposiciones transitorias y finales contiene una
serie de regulaciones que delegan las actuales atribuciones que tiene el Órgano
Judicial y el Consejo de la Magistratura a favor del Ejecutivo.
Las protestas y la desconfianza por el tema de la
seguridad en la propiedad de bienes inmuebles de los ciudadanos ha activado
anuncios de marchas de protestas convocadas para este 10 y el siguiente 20 de
mayo en las principales ciudades capitales del país.
//PRENSA DIPUTADOS/ MRA//
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