Dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en audiencia desarrollada este lunes, decidieron trasladar el caso denominado 36 días de paro cruceño a la jurisdicción centralista de La Paz, reveló la diputada María René Álvarez. Ambos juristas, además, fueron recientemente posesionados por el exmagistrado autoprorrogado; Marco Jaimes, quien todavía funge como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“La manipulación de la justicia que denunciamos permanentemente, ha vuelto a criminalizar la protesta ciudadana de los cruceños y mediante dos vocales que fueron posesionados por un exmagistrado autoprorrogado pretenden montar otro caso contra los liderazgos cruceños en La Paz”, expresó la diputada.

Se trata de los vocales Julio Nelson Alba Flores y David Marcelo Coca Echeverría, quienes fueron posesionados el pasado 17 de enero, más de dos semanas después de cumplida la gestión de seis años de los magistrados del Órgano Judicial, que definieron autoprorrogarse contra todo precepto legal y constitucional. Ese día, Jaimes tomó juramento a 47 vocales para cubrir acefalías en seis departamentos.

El caso fue abierto en noviembre de 2022, luego del paro cívico convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, como una medida pacífica y legítima para exigir al Gobierno central la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda que debió efectuarse ese año.

“No se puede permitir que continúe este atropello contra la población y su libertad de protesta y movilización. La lucha por el Censo fue una lucha de todos los cruceños y si hubo algún hecho irregular este debe ser investigado en Santa Cruz”, agregó la diputada.

La denuncia fue presentada por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, contra los integrantes del Comité Interinstitucional cruceño: el gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, el vicerrector Reiniero Vargas y el abogado José Luis Santiestevan, entre otros.

El rector universitario había presentado un recurso de inhibitoria ante el Juzgado Segundo de Instrucción de la capital cruceña que declaró competencia para conocer la causa y resolverla en Santa Cruz, donde se llevó el paro cívico y donde supuestamente se produjeron los hechos denunciados, entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022.

Sin embargo, en la audiencia de este lunes, Alba y Coca definieron nuevamente trasladar el expediente del caso a la sede de Gobierno.

El argumento de ambos vocales fue que el Decreto Supremo 138 de mayo de 2009 establece a La Paz como jurisdicción nacional en los casos de “Terrorismo, Sedición o Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado”.

Las figuras por las que se acusaba inicialmente a los líderes cruceños fueron resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra la libertad de trabajo, racismo, discriminación, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas. Según la defensa de los líderes cruceños, ahora se incluyó la figura de “terrorismo” para justificar esa radicatoria del caso, en clara vulneración a la ley y el debido proceso.

//PRENSA DIPUTADOS/ MRA//