La diputada nacional María René Álvarez encabezó la
inspección in situ al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá y pudo
verificar que en esa zona se desarrolló el censo el pasado 23 de marzo, en
viviendas improvisadas, pertenecientes a grupos de avasalladores, y por esa
acción responsabilizó al alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado.
Durante la jornada, la legisladora realizó una visita al
área protegida, donde pudo verificar que varias casas improvisadas fueron
censadas, pese a la prohibición que existe para los asentamientos humanos y la
Acción de Cumplimiento que en octubre de 2023 emitió la Sala Constitucional
Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para exigir que el
alcalde de San Ignacio de Velasco realice todas las acciones para evitar los avasallamientos.
Álvarez deploró la actitud del alcalde, pues durante todo
este tiempo fue alertado sobre la construcción de esas casas, incluso cuando un
grupo de representantes indígenas de Porvenir, Florida, Picaflor, Piso Firme y
Bella Vista destruyó unas 20 casetas y advertían el intento de trasladar a más
gente para hacerse censar y con ello adquirir algún tipo de “derecho de propiedad”
en la zona.
“El Bajo Paraguá es competencia de la Alcaldía de San
Ignacio de Velasco y desde octubre de 2023 existe una Acción de Cumplimiento
que el alcalde Ruddy Dorado rehúsa acatar. Se le exigió que tome todas las
medidas para evitar los asentamientos ilegales y los avasallamientos en esta
reserva natural”, expresó la legisladora.
La diputada reiteró que mandó cartas a Dorado para que
éste pueda brindar explicaciones sobre el trabajo cartográfico que se realizó
antes del censo en todo el municipio de San Ignacio de Velasco, pues con ello
se podría verificar si esas construcciones improvisadas estaban registradas
para ser tomadas en cuenta por los voluntarios del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
La legisladora se encuentra en la comunidad indígena chiquitana de Piso Firme, donde mañana viernes se realizará una inspección con la participación de la Comisión de Autonomías de la Cámara Baja, diputados, representantes de la Gobernación de Santa Cruz, del Instituto Geográfico Militar (IGM), Brigada Parlamentaria cruceña, cívicos y autoridades indígenas.
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