La diputada nacional María René Álvarez remarcó los temas avasallamiento y contaminación, incluidos en el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la constatación de que el Estado boliviano ha perdido terreno en ambos casos. Por ello, la legisladora cuestionó al Gobierno sobre si dará o no cumplimiento a las recomendaciones que emiten estos organismos internacionales.

“En los últimos años presenté como diputada y con la bancada de Creemos 26 notas a la CIDH que se ven reflejadas en este informe sobre la situación en Bolivia, que confirma la crisis de la justicia y la instrumentalización de la justicia para la persecución política, por ejemplo con el uso y abuso de la detención preventiva, como cita el informe”, explicó la diputada.

“Pero también se tratan los temas de los avasallamientos y despojos a los territorios indígenas, así como la crisis ambiental que provoca el modelo extractivista contra la salud de los pueblos indígenas”, agregó la diputada cruceña, que envió en 2023 al menos ocho notas sobre estas problemáticas a otras instancias internacionales como la Relatoría de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas.

En ese tiempo, el relator David R. Boyd, expresó su preocupación por el daño a la salud de las comunidades donde se realiza la producción aurífera minera, con el uso de mercurio. El representante fue tácito al señalar que ese tipo de actividades en territorios indígenas y áreas protegidas “no debe darse”.  

“Estos informes confirman los problemas que tiene el país y ve responsabilidades en las instancias estatales, pero el Gobierno no hace caso, no le interesa solucionar estos casos y al contrario, mantiene este tipo de ataques a las poblaciones y ahora pretende ingresar a las áreas protegidas con la minería”, reprochó la diputada.

El informe de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), titulado Cohesión Social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia, editado en enero y difundido ayer, retrató la problemática de los avasallamientos, sobre todo en comunidades indígenas, y puso como ejemplo el caso emblemático de Las Londras, cuando un grupo de los llamados interculturales secuestró a policías, trabajadores de esa hacienda y periodistas en 2022, y cuyo proceso todavía no encuentra responsables sentenciados.

En el citado punto, el informe recuerda al Estado boliviano que “el reconocimiento protección y garantía del derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras territorios y recursos naturales, es un elemento imprescindible para el ejercicio de la libre determinación y de la propia supervivencia de los pueblos indígenas”.

En el caso de la contaminación, la CIDH recabó las denuncias sobre la actividad extractivista, sobre todo minera aurífera, en poblaciones indígenas, con la afectación a la salud de los comunarios.

La falta de control del Estado, pese a ser suscriptor del Convenio de Minamata, ha provocado que la actividad minera con mercurio impactó contra la salud de mujeres indígenas de las comunidades Eyiyo Quibo y Portachuelo del pueblo Esse Ejja, en la cuenca del río Beni.

También menciona a las 36 comunidades indígenas de los territorios Tacana I, Tacana II, Lecos, Larecaja, Tsimane Mosetene, Lecos de Apolo y San José de Uchupiamonas que fueron evaluadas con niveles de mercurio en sangre por encima del límite recomendado para la salud humana.

“La pregunta es ¿hará caso el Estado Plurinacional a estas recomendaciones?”, reiteró Álvarez.

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