La diputada nacional María René Álvarez denunció que durante la audiencia del lunes, en la que debía participar el gobernador Luis Fernando Camacho, existió injerencia política desde el Ejecutivo para forzar la suspensión del acto, así como amenazas contra la juez que lleva esa causa.

La legisladora estuvo presente en la audiencia convocada para el lunes en el Juzgado Octavo de Sentencia de Santa Cruz, donde observó la presencia irregular de funcionarios de la Procuraduría General del Estado, que no pudieron sustentar porqué pretendían ser parte en el denominado caso "decretazo", por el cual se acusa a la primera autoridad cruceña.

En ese contexto, Álvarez vio cómo hubo amenazas contra la juez Mónica Sánchez, para que se tomen en cuenta recursos presentados por esa instancia de Gobierno, que además, ingresaron después de la hora fijada para la audiencia.

"No hay representación legítima de la Procuraduría, porque la Procuraduría no ha podido fundamentar cuál es el interés que tiene para ser parte del caso; hubo una objeción y rechazo y esto se les comunicó porque no pueden estar adheridos como parte víctima en este caso, porque no estamos hablando de pérdida económica o afectación al Estado", declaró.

También hubo presión desde la representación del Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia, agregó la diputada cruceña a El DEBER Radio.

La audiencia fue reprogramada para el próximo 11 de abril, cuando se volverá a solicitar la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho en juzgados de Santa Cruz.

La negativa y todas las acciones ejecutadas desde el Gobierno para evitar el traslado del gobernador desde el penal de Chonchocoro a la capital cruceña, pese a existir una orden judicial para tal efecto, se constituye en una violación al derecho a la defensa, expuso Álvarez, y anticipó que esos antecedentes serán denunciados a la comunidad internacional.

"Se debe hacer un comunicado a las instancias internacionales, porque acá no se está cumpliendo con los parámetros del derecho al debido proceso y a la defensa que tienen todos los ciudadanos, según las normas nacionales e internacionales", concluyó la legisladora y cuarta secretaria de la Cámara de Diputados.

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