La diputada nacional María René Álvarez presentó este lunes, un memorial de impugnación contra el postulante al Tribunal Agroambiental, Juan José García Cruz, por incurrir en la causal de impedimento a ser candidato por una instancia por la cual ya fue electo en 2017.

“Estamos presentando esta impugnación contra uno de los magistrados que fue electo en las anteriores elecciones judiciales y que, por tanto, no podría presentarse a este nuevo proceso en ese mismo cargo que, además, tiene mucho que ver con la corrupción y el tráfico de tierras que se vive contra Santa Cruz”, explicó la legisladora.

El requisito común N° 9 del reglamento de convocatoria a las Elecciones Judiciales 2024 cita: “No postularse al mismo cargo que haya sido electo en alguna elección judicial anterior”. Sin embargo, la comisión mixta de Senado y Diputados habilitó a García Cruz quien figura como número 12 en la lista de 33 postulantes que pasaron a la siguiente fase de evaluación.

García Cruz fue electo en 2017 con 7,24% de los votos para el Tribunal Agroambiental quedando en sexto lugar de los candidatos. Los cinco primeros fueron posesionados como magistrados titulares, el 3 de enero por el entonces presidente Evo Morales en acto oficial desarrollado en Sucre.

“Estamos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización, porque conocemos denuncias sobre la relación que tienen los avasalladores, como organización criminal, con instancias judiciales y ministeriales, así como el INRA y la ABT; por tanto, no podemos dejar que este tipo de exfuncionarios se presenten para continuar con la manipulación de la justicia, y los avasallamientos en nuestra Chiquitania”, agregó Álvarez.

Asimismo, García Cruz fue funcionario público en el actual gobierno de Luis Arce, como viceministro de Tierras, posesionado en febrero de 2021 por el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Edwin Characayo.

Characayo fue destituido dos meses después, luego de ser encontrado in fraganti recibiendo un pago de 20 mil dólares para no revertir tierras de la hacienda “Triunfo II” de Santa Cruz, de un total de 380 mil dólares. Characayo fue sentenciado a ocho años por la figura de cohecho pasivo.