Tras el aplazo de los proyectos de ley 073 y 075, referidos a la cesación de la autoprórroga de los exmagistrados, la diputada nacional María René Álvarez dijo que está es otra irregularidad que confirma el desconocimiento del reglamento y las normas por parte de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Está acción, en criterio de la diputada y cuarta secretaria de la Cámara de Diputados, solo apunta a beneficiar a los exmagistrados autoprorrogados, que continuarán en sus cargos hasta que se convoque a sesión plenaria.

El titular de la Cámara de Diputados, Israel Huaitari determinó llevar ambos proyectos a plenaria de la Asamblea Legislativa, porque la Cámara Baja perdió competencia al expirar los plazos procedimentales. Sin embargo, ambos proyectos estaban en el orden del día desde la anterior semana y este viernes, el proyecto ley 073, ya se encontraba en debate de aprobación en su estación en grande.

"Por qué ponen en consideración el proyecto de ley, cuando tenían la intención de aplazar el tratamiento, cuando además ya estábamos en la instancia de aprobación en grande. Esto demuestra el total desconocimiento del reglamento y la falta de debate del diputado Huaytari", expresó la legisladora por Santa Cruz.

"Hemos agotado todas las instancias de diálogo para evitar llegar a esta situación de la cual la población es testigo", reflexionó Álvarez.

Asimismo, la legisladora por Santa Cruz advierte que existe una estrategia armada desde la Presidencia del Estado para tomar el control de los otros órganos estatales, tal como sucedió con el Judicial con la venia a la autoprórroga de magistrados.

"Existe un direccionamiento desde el Ejecutivo para tomar los órganos del Estado, lo ha hecho con el Judicial y ahora lo hace con el Legislativo, que es donde reside la representación y voluntad del pueblo", dijo.

La sesión de aprobación de los cinco préstamos inició el pasado martes a las 14:00 y concluyó a las 22:00 de este viernes, con casi tres días de un extenso e inédito "cuarto intermedio" indefinido en sala, que obligó a los diputados de oposición y algunos del MAS a pernoctar y no salir del edificio de la Asamblea Legislativa.

A aquella situación se sumó el asedio de los grupos de choque del oficialismo, que vulneraron una acción de libertad que días antes fue emitida por un juzgado de sentencia, para exigir que en el Legislativo se dé protección y resguardo a los 130 diputados.