La carta, firmada junto a la senadora Centa Rek, fue
dirigida a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y al relator
especial sobre Derechos Económicos de la CIDH, Javier Palummo Lantes, alerta el
estado de indefensión que viven los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa
Cruz, por una denuncia penal que se activó contra ellos por el dirigente
cooperativista minero Ramiro Cuevas.
“Estamos denunciando ante la comunidad internacional las
vulneraciones contra estos dos guardaparques, que solo cumplían su labor en
defensa de un área protegida que se constituye en una de las zonas de mayor
biodiversidad de Bolivia. Además de la denuncia que no guarda relación con los
hechos, ahora se busca llevar a los guardaparques a Apolo, un municipio donde
los mineros tienen presencia y que, por tanto, podrían atentar contra la
integridad de ambos”, manifestó la legisladora.
La nota también hace referencia al Acuerdo de Escazú, del
cual Bolivia es país firmante, que compromete la protección de los estados para
los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y
el Caribe, y que se estaría incumpliendo con esta forma de ataque contra los guardaparques
bolivianos.
El 30 de marzo, los guardaparques realizaban tareas de
control en el puesto de Santa Cruz del Valle Ameno, que es uno de los ingresos
al Parque Nacional Madidi, y advirtieron la llegada de una caravana de maquinaria
pesada con cinco retroexcavadoras, diez volquetas y tres cisternas que
pretendían realizar trabajos en riberas del río Tuichi.
Los dos guardaparques evitaron el paso de esa caravana y
fueron agredidos. Posteriormente, el dirigente de los cooperativistas mineros
abrió una denuncia penal que fue derivada al Juzgado de Sentencia del municipio
de Apolo.
La denuncia por “difamación y calumnias” pasó a juzgados
ordinarios y durante la jornada del martes la juez que lleva el caso, Jhaneth
Espinoza Colque, impidió la presencia de personas en la audiencia virtual que
se desarrolló bajo el argumento de que se trataba de una denuncia privada, en
clara vulneración al principio de publicidad en estos actos judiciales.
Uzquiano es presidente de la Asociación Boliviana de
Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y Santa Cruz es custodio del
Parque Nacional Madidi; ambos son funcionarios dependientes del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), entidad bajo tuición del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
//PRESA DIPUTADOS / MRA//
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