La carta, firmada junto a la senadora Centa Rek, fue dirigida a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, y al relator especial sobre Derechos Económicos de la CIDH, Javier Palummo Lantes, alerta el estado de indefensión que viven los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, por una denuncia penal que se activó contra ellos por el dirigente cooperativista minero Ramiro Cuevas.

“Estamos denunciando ante la comunidad internacional las vulneraciones contra estos dos guardaparques, que solo cumplían su labor en defensa de un área protegida que se constituye en una de las zonas de mayor biodiversidad de Bolivia. Además de la denuncia que no guarda relación con los hechos, ahora se busca llevar a los guardaparques a Apolo, un municipio donde los mineros tienen presencia y que, por tanto, podrían atentar contra la integridad de ambos”, manifestó la legisladora.

La nota también hace referencia al Acuerdo de Escazú, del cual Bolivia es país firmante, que compromete la protección de los estados para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y que se estaría incumpliendo con esta forma de ataque contra los guardaparques bolivianos.

El 30 de marzo, los guardaparques realizaban tareas de control en el puesto de Santa Cruz del Valle Ameno, que es uno de los ingresos al Parque Nacional Madidi, y advirtieron la llegada de una caravana de maquinaria pesada con cinco retroexcavadoras, diez volquetas y tres cisternas que pretendían realizar trabajos en riberas del río Tuichi.

Los dos guardaparques evitaron el paso de esa caravana y fueron agredidos. Posteriormente, el dirigente de los cooperativistas mineros abrió una denuncia penal que fue derivada al Juzgado de Sentencia del municipio de Apolo.   

La denuncia por “difamación y calumnias” pasó a juzgados ordinarios y durante la jornada del martes la juez que lleva el caso, Jhaneth Espinoza Colque, impidió la presencia de personas en la audiencia virtual que se desarrolló bajo el argumento de que se trataba de una denuncia privada, en clara vulneración al principio de publicidad en estos actos judiciales.

Uzquiano es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y Santa Cruz es custodio del Parque Nacional Madidi; ambos son funcionarios dependientes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), entidad bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

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