El alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, incurre en la figura de desobediencia a resoluciones constitucionales al permitir asentamientos y construcciones en el Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, pese a tener una Acción de Cumplimiento activa desde octubre de 2023, alertó la diputada nacional María René Álvarez.

El fin de semana se conoció la intervención que hizo una comitiva de indígenas chiquitanos a al menos 20 viviendas de ladrillo y calamina, construidas en la reserva del Bajo Paraguá, pese a existir una orden judicial de protección a esa zona.

“Vamos a elaborar un informe con todos estos elementos y pruebas, para conocimiento de la Sala Constitucional Tercera, para que los jueces de garantía emitan las órdenes al alcalde de San Ignacio de Velasco para que se desalojen a estas personas”, expresó la diputada representante de la Chiquitania en el programa Sin Compostura.

La referida Sala Constitucional emitió en octubre de 2023 una Acción de Cumplimiento que ordenó al alcalde de San Ignacio de Velasco a que tome “las acciones positivas encaminadas a proteger el medio ambiente en la reserva forestal Bajo Paraguá, que tome las acciones necesarias para evitar asentamientos en el lugar, así como también pudiera ejercer las acciones legales frente a cualquier acto de avasallamiento”.

La diputada también recordó que está pendiente una nueva inspección in situ a la zona, junto a la Gobernación de Santa Cruz, que quedó postergada por los recientes cambios administrativos que hubo en esa instancia departamental.

Por su parte, el abogado Carlos Camacho, adelantó que el tema será expuesto ante la Sala Constitucional Tercera, por la evidente desobediencia que realiza el alcalde de San Ignacio de Velasco, sin descartar pasar el caso a instancias penales.  

“Lo que corresponde es poner en conocimiento de la Sala Constitucional esta omisión y se remitan los antecedentes para que este funcionario sea procesado, si se determina también por incumplimiento de deberes”, señaló el abogado.

Estos nuevos asentamientos buscan legitimar algún derecho propietario para los grupos de avasalladores, agregó la legisladora cruceña, y este traslado se produce a pocas semanas del Censo Nacional de Población y Vivienda. Similar denuncia fue realizada desde el Comité Cívico de la Provincia Velasco.

Todo este panorama no es casual, recuerda la diputada Álvarez, pues el ingreso de estos grupos de colonizadores a tierras del oriente es fomentado desde el propio Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio de Gobierno y otras instancias del nivel central.

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