La diputada nacional María René Álvarez informó esta jornada que tras el envío de Minutas de Comunicación a las tres Alcaldías que conforman a la Unidad de Conservación Patrimonial Natural (UCPN) Güenda – Urubó, dos de ellas ya se encuentran avanzando en la redacción de normativas para la protección de los acuíferos y recursos naturales en Santa Cruz.

El pasado 19 de diciembre, la legisladora remitió tres Minutas de Comunicación a los alcaldes de Buena Vista, Teodoro Gonzales; de Portachuelo, Jimmy Hurtado; y de Porongo, Neptaly Mendoza, exhortándoles a tomar acciones desde su nivel de competencia municipal para cuidar los recursos hídricos que actualmente se encuentran amenazados por el proyecto carretero del Gobierno central dentro de la UCPN Güenda - Urubó.

Esta jornada, luego de recabar datos y respuestas de esos municipios, la diputada informó que el Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo se encuentra proyectando una ley municipal para la declaratoria de reserva natural a la zona de recursos hídricos que llegan desde Santa Rosa del Sara, mientras en Porongo también se comenzó a elaborar un documento legal, aunque todavía buscan el asesoramiento técnico en el área de protección ambiental.

“Como habíamos manifestado, la preservación de nuestros recursos naturales, bosques y acuíferos, es responsabilidad de cada nivel del Estado y sobre todo de cada instancia pública en Santa Cruz; por ello, vamos a dar continuidad al caso de la UCPN Güenda – Urubó con los municipios involucrados y también vamos a apoyar a los municipios que tienen esa voluntad de servicio con la población”, expresó Álvarez.

En tanto, todavía no se tiene avances en el municipio de Buena Vista, donde existe presión de algunos grupos sociales afines al Gobierno que exigen la construcción de la carretera desde La Guardia en sus tramos 2 y 3, sin tomar en cuenta el riesgo ambiental sobre los reservorios de agua que abastecen al área metropolitana de Santa Cruz.

La necesidad de fortalecer la normativa de protección a los recursos naturales en Santa Cruz, planteada por la diputada cruceña, surge después de las recientes amenazas desde la Vicepresidencia del Estado para la derogación casi íntegra de normativas departamentales autonómicas como la Ley Departamental 098 o la LD 208, ambas referidas a la UCPN Güenda – Urubó.

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