Ante la permanente dilatación que se realiza desde la
propia Presidencia de la Asamblea Legislativa, para poder resolver la crisis de
las Elecciones Judiciales, la diputada nacional María René Álvarez mandó una
nota a la Procuraduría General del Estado para que se asuman las acciones
legales correspondientes.
La legisladora remarcó que el vicepresidente David Choquehuanca,
como presidente nato de la Asamblea Legislativa, es quien tiene toda la atribución
para reencaminar el proceso de las Elecciones Judiciales; sin embargo, su
actitud de dilación y hasta desinterés en el tema confirma que existe cálculo
político en un problema que ya ha comenzado a convulsionar al país.
“La fase de preselección de los candidatos a las
Elecciones Judiciales es una atribución constitucional de la Asamblea
Legislativa y son más de nueve meses que toda acción quedó estancada por
cálculos políticos y pugnas del oficialismo. Pero sobre todo, es la cabeza del
Órgano Legislativo quien dejó pasar todo este tiempo y aún continúa llamando a
“mesas de diálogo”, cuando él tiene toda la potestad de ejercer el mando y dar
soluciones inmediatas por el bien del país, que ya se encuentra bloqueado y
convulsionado”, dijo.
En ese sentido, Álvarez remitió una nota al procurador
César Siles para que, en el marco de sus responsabilidades constitucionales, active procesos para que Choquehuanca y el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José
Jaúregui, cumplan sus funciones y “dejen de sabotear el proceso de las
Elecciones Judiciales”.
“Así como los operadores de justicia anuncian que harán
cumplir la ley en otros casos, estamos exigiendo mediante nota, que el
Procurador General del Estado tome las acciones legales correspondientes contra
los responsables de perjudicar, dilatar y sabotear el proceso de las Elecciones
Judiciales dentro de la Asamblea Legislativa”, agregó.
La diputada nacional rechazó los señalamientos de quienes
pretenden responsabilizar a toda la Asamblea Legislativa por la crisis en el
Órgano Judicial, puesto que existen instancias plenamente identificadas que
tienen la potestad de llevar este proceso que fracasó en 2023.
Finalmente, Álvarez remarcó que tanto Choquehuanca como
Jaúregui estarían incurriendo en la figura de desobediencia a resoluciones en
acciones de defensa y de inconstitucionalidad, puesto que no cumplen la Declaración
Constitucional 049/2023 del 11 de diciembre de 2023, que dispuso: “Exhortar a
la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplir sus funciones y atribuciones
constitucionales en cuanto a la preselección de las candidatas y los candidatos
a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional,
de manera inmediata por el carácter excepcional y temporal ya establecido”.
Choquehuanca convocó a una mesa de diálogo para el
próximo lunes, pese a que en el país ya se tienen bloqueos de carreteras
activos, enfrentamientos e incluso dos personas fallecidas producto de esas
medidas de presión alentadas por el “ala evista” del oficialismo. En tanto, la
Comisión de Constitución incumplió su labor para tratar el proyecto de Ley 144
que ya fue aprobado en el Senado y que debía pasar a debate en Diputados, bajo
una figura fuera de reglamento de “devolución” de la norma a la cámara de
origen.
//PRENSA DIPUTADOS/ MRA//
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