La diputada nacional María René Álvarez, en entrevista con la cadena internacional CNN, informó que remitió ocho notas a las relatorías de Naciones Unidas para abogar por los derechos de los pueblos indígenas y para denunciar los incendios forestales que este año sumaron 3,3 millones de hectáreas quemadas en Bolivia.

Álvarez fue entrevistada por el periodista Fernando del Rincón, el viernes, por la temática del daño ambiental que se está provocando en los países de la región, con la venia de los gobiernos de turno en Brasil, México, Venezuela, Colombia y Bolivia.

Durante su intervención, la diputada representante de la Chiquitania, explicó el panorama de las quemas en Bolivia, con el dato de las 3,3 millones de Ha consumidas en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Beni y Cochabamba. Así también, remarcó que las leyes incendiarias son las responsables de este desastre que cada año se repite en Bolivia.

Álvarez recordó que ya presentó un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 741 y espera que su tratamiento sea prioritario para esta semana, una vez conformada la Comisión de Región Amazónica, donde se derivó la propuesta de la cuarta secretaria de la Cámara de Diputados.

OCHO NOTAS INTERNACIONALES

En ese marco, Del Rincón preguntó sobre las opciones que se tienen para denunciar estas normas que todavía son socapadas desde el nivel central.

Álvarez aprovechó la entrevista para informar a la comunidad internacional que desde su labor legislativa se remitió ocho cartas a la Relatoría de Derechos Humanos y Medio Ambiente, a la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambas dependientes de Naciones Unidas, así como la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de una reciente a la secretaria ejecutiva de esa instancia internacional.

Precisamente, el viernes, la diputada María René Álvarez junto a la senadora Centa Rek, ambas legisladoras de la alianza Creemos, presentaron una solicitud de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas, víctimas de los incendios forestales, ante la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum.

Antes, el 19 de noviembre de 2023, se envió una carta a la Embajada de Brasil con la solicitud de ayuda internacional ante la situación de emergencia nacional por los incendios forestales en Bolivia.

El 19 de noviembre de 2023 se remitió una carta al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, con la denuncia por los atentados contra el medio ambiente y la inacción del gobierno boliviano ante el incremento de los incendios forestales en el país.

Asimismo, el 8 de noviembre de 2023 la diputada se dirigió, mediante nota, al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd solicitando que se realice un llamamiento urgente al gobierno de Bolivia para que pueda activar todos los mecanismos de protección en las áreas protegidas de Bolivia, frente al incremento de la actividad aurífera en esas zonas.

El 7 de noviembre de 2023 se mandó otra carta al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, con la denuncia de los atentados contra el medio ambiente, la reserva natural del Choré y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.

En fecha 7 de noviembre de 2023 se remitió nota al relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palummo, con la denuncia de los atentados contra el medio ambiente, la reserva natural del Choré y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.

El 29 de agosto de 2022 con nota al relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, se le remitió información relevante y suficiente sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en la Chiquitania con el avasallamiento al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá.

Para el 18 de abril de 2022 se envió carta al relator especial sobre sustancias tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana con la solicitud de audiencia para abordar casos de contaminación que involucran derechos de los pueblos indígenas.

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