La diputada nacional María René Álvarez, durante las gestiones 2022 y 2023, realizó gestiones de denuncia ante organismos internacionales, para visibilizar las problemáticas ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.

En ese marco, la legisladora y actual cuarta secretaria de la Cámara de Diputados, remitió siete notas y se adhirió, además, a otras referidas a la vulneración de derechos humanos y la persecución judicial que realiza el gobierno de Luis Arce.

Desde su espacio legislativo, la diputada cruceña recibió denuncias por avasallamientos y siempre estuvo en las zonas y territorios para recabar testimonios de los pobladores que, en todos los casos, fueron identificando a grupos de los denominados “interculturales” como responsables de la toma de tierras.

Junto a los avasallamientos se fueron activando quemas indiscriminadas y desmontes ilegales. La deforestación subió en Bolivia y Santa Cruz reportó la cifra más alta con 227.083 hectáreas perdidas de bosque para 2021.

El narcotráfico también tiene su cuota de denuncia en esas áreas protegidas, por ejemplo en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. La legisladora incluso recibió amenazas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuando denunció la presencia de pistas clandestinas en esa zona. El tiempo confirmó que esa actividad ilegal penetró en las reservas naturales del oriente.

La actividad minera, sobre todo aurífera, impulsada desde el cooperativismo minero y otras empresas privadas de capitales extranjeros, también marcaron los últimos años, y la diputada representante de la Chiquitania remitió las denuncias respectivas para conocimiento de la comunidad internacional.

La defensa de los acuíferos en Santa Cruz, con la pretendida construcción de la carretera Tres Cruces – Buena Vista a través de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Güenda Urubó, fue la reciente tarea emprendida por Álvarez, con varias notas enviadas a la CAF, como ente de financiamiento internacional de ese proyecto, e incluso se trató de llevar a audiencia a sus representantes en Bolivia en una Acción Popular cuya tutela fue concedida en parte a favor de esta lucha ambiental.

Como representante de la Chiquitania y Amazonia, Álvarez Camacho se encontró siempre en la línea de defensa del medio ambiente y ese territorio del país, que en 2019 fue víctima del mayor incendio forestal de los últimos años, que cobró más de 5 millones de hectáreas y la pérdida irreparable de fauna y flora.

CARTAS ENVIADAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

El 19 de noviembre de 2023 se remitió una carta al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, con la denuncia por los atentados contra el medio ambiente y la inacción del gobierno boliviano ante el incremento de los incendios forestales en el país.

Asimismo, el 8 de noviembre de 2023 la diputada se dirigió, mediante nota, al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd solicitando que se realice un llamamiento urgente al gobierno de Bolivia para que pueda activar todos los mecanismos de protección en las áreas protegidas de Bolivia, frente al incremento de la actividad aurífera en esas zonas.

El 7 de noviembre de 2023 se mandó otra carta al relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, con la denuncia de los atentados contra el medio ambiente, la reserva natural del Choré y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.

En fecha 7 de noviembre de 2023 se remitió nota al relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palummo, con la denuncia de los atentados contra el medio ambiente, la reserva natural del Choré y los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.

El 29 de agosto de 2022 con nota al relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, se le remitió información relevante y suficiente sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en la Chiquitania con el avasallamiento al Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá.

Para el 18 de abril de 2022 se envió carta al relator especial sobre sustancias tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana con la solicitud de audiencia para abordar casos de contaminación que involucran derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, la diputada María René Álvarez se adhirió a las cartas que la bancada de la alianza Creemos mandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en un violento operativo desarrollado el 28 de diciembre de 2022.

Después de esa acción contraria al debido proceso y en clara vulneración al voto ciudadano, que eligió en urnas a su máxima autoridad departamental con 55% de los votos, el gobernador sufrió el deterioro de su salud, con su encierro en el penal de Chonchocoro, a más de 4.200 msnm en pleno altiplano paceño.

Esas vulneraciones a sus derechos fundamentales, y el riesgo a su salud, también fueron alertados ante la CIDH para que se asuman medidas cautelares para el gobernador cruceño.

DIPUTADA CHIQUITANA

María René Álvarez Camacho es una de las asambleístas más jóvenes que comprende la nueva generación de mujeres políticas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Es diputada uninominal, electa por voto mayoritario en la circunscripción 54 de San Ignacio de Velasco, como representante de la región chiquitana.

Álvarez es una mujer comprometida con la lucha contra la corrupción y los avasallamientos, para ello realiza un arduo trabajo de legislación, fiscalización y gestión, velando por los intereses y el desarrollo de la Chiquitania, sus provincias y todo el pueblo boliviano.

Desde la gestión 2022 asumió la Secretaría del Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Forestales de la Cámara de Diputados, rol que asumió con total responsabilidad para trabajar por la preservación, protección y defensa de las áreas protegidas, los territorios indígenas y el medio ambiente.

En ese marco, consiguió un hito en materia medioambiental en Bolivia con la presentación de la demanda cautelar ambiental del ANMI San Matías, para la paralización de actividades mineras dentro de esa área protegida, donde se revocó la licencia medioambiental para la inmovilización de una empresa minera que pretendía explotar minerales de manera irregular en la zona, afectando y contaminando a todo un ecosistema natural.

Esta fue la segunda acción en materia medioambiental que se ha presentado en la historia del país y la primera en ser admitida.

Es con este compromiso que por su iniciativa, en 2023, se procedió a la creación y conformación de un Comité Interinstitucional por la defensa del medio ambiente y la protección pública de la reserva forestal del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, y de todas las zonas protegidas del departamento de Santa Cruz.

Con ese antecedente, la diputada cruceña impulsó una Acción de Cumplimiento y logró en octubre de 2023, la tutela para que el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco cumpla su rol y active todos los mecanismos legales contra los avasalladores en esa reserva forestal.

Asimismo recibió impulsó una inspección in situ al complejo de la Empresa Siderúrgica del Mutún, ubicado en el municipio de Puerto Suárez, donde una comisión se dirigió para escuchar las demandas laborales de profesionales y técnicos bolivianos y tomar nota de las políticas ambientales que esa empresa ejecuta en la región.

Finalmente, en el último tramo de 2023, la legisladora llevó adelante toda una campaña de denuncia a los riesgos ambientales por la construcción de la carretera La Guardia – Tres Cruces – Buena Vista, con la afectación a los reservorios de agua que abastecen al área metropolitana de Santa Cruz.

Una Acción Popular interpuesta por la diputada en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, logró que se exija la remisión de los informes técnicos desde el Ejecutivo para transparentar la defensa de los acuíferos de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó.

María René Álvarez representa a la Chiquitania y desde el 3 de noviembre es titular de la Cuarta Secretaría de la Cámara de Diputados, luego de ser electa con amplia mayoría de votos en el hemiciclo camaral.