La diputada nacional María René Álvarez, durante las gestiones 2022 y 2023, realizó gestiones de denuncia ante organismos internacionales, para visibilizar las problemáticas ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.
En
ese marco, la legisladora y actual cuarta secretaria de la Cámara de Diputados,
remitió siete notas y se adhirió, además, a otras referidas a la vulneración de
derechos humanos y la persecución judicial que realiza el gobierno de Luis Arce.
Desde
su espacio legislativo, la diputada cruceña recibió denuncias por
avasallamientos y siempre estuvo en las zonas y territorios para recabar
testimonios de los pobladores que, en todos los casos, fueron identificando a
grupos de los denominados “interculturales” como responsables de la toma de
tierras.
Junto
a los avasallamientos se fueron activando quemas indiscriminadas y desmontes
ilegales. La deforestación subió en Bolivia y Santa Cruz reportó la cifra más
alta con 227.083 hectáreas perdidas de bosque para 2021.
El
narcotráfico también tiene su cuota de denuncia en esas áreas protegidas, por
ejemplo en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. La legisladora incluso
recibió amenazas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuando
denunció la presencia de pistas clandestinas en esa zona. El tiempo confirmó
que esa actividad ilegal penetró en las reservas naturales del oriente.
La
actividad minera, sobre todo aurífera, impulsada desde el cooperativismo minero
y otras empresas privadas de capitales extranjeros, también marcaron los
últimos años, y la diputada representante de la Chiquitania remitió las
denuncias respectivas para conocimiento de la comunidad internacional.
La
defensa de los acuíferos en Santa Cruz, con la pretendida construcción de la
carretera Tres Cruces – Buena Vista a través de la Unidad de Conservación de Patrimonio
Natural (UCPN) Güenda Urubó, fue la reciente tarea emprendida por Álvarez, con
varias notas enviadas a la CAF, como ente de financiamiento internacional de
ese proyecto, e incluso se trató de llevar a audiencia a sus representantes en
Bolivia en una Acción Popular cuya tutela fue concedida en parte a favor de
esta lucha ambiental.
Como
representante de la Chiquitania y Amazonia, Álvarez Camacho se encontró siempre
en la línea de defensa del medio ambiente y ese territorio del país, que en
2019 fue víctima del mayor incendio forestal de los últimos años, que cobró más
de 5 millones de hectáreas y la pérdida irreparable de fauna y flora.
CARTAS ENVIADAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
El
19 de noviembre de 2023 se remitió una carta al relator especial sobre Derechos
Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, con la denuncia por
los atentados contra el medio ambiente y la inacción del gobierno boliviano
ante el incremento de los incendios forestales en el país.
Asimismo,
el 8 de noviembre de 2023 la diputada se dirigió, mediante nota, al relator
especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R.
Boyd solicitando que se realice un llamamiento urgente al gobierno de Bolivia
para que pueda activar todos los mecanismos de protección en las áreas
protegidas de Bolivia, frente al incremento de la actividad aurífera en esas zonas.
El
7 de noviembre de 2023 se mandó otra carta al relator especial sobre Derechos
Humanos y Medio Ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, con la denuncia de
los atentados contra el medio ambiente, la reserva natural del Choré y los
derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.
En
fecha 7 de noviembre de 2023 se remitió nota al relator especial sobre Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palummo, con la denuncia de los
atentados contra el medio ambiente, la reserva natural del Choré y los derechos
de los pueblos indígenas en Bolivia.
El
29 de agosto de 2022 con nota al relator especial sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, se
le remitió información relevante y suficiente sobre violaciones de los derechos
de los pueblos indígenas en la Chiquitania con el avasallamiento al Área
Protegida Municipal del Bajo Paraguá.
Para
el 18 de abril de 2022 se envió carta al relator especial sobre sustancias tóxicas
y Derechos Humanos, Marcos Orellana con la solicitud de audiencia para abordar
casos de contaminación que involucran derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo,
la diputada María René Álvarez se adhirió a las cartas que la bancada de la
alianza Creemos mandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para denunciar el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando
Camacho, en un violento operativo desarrollado el 28 de diciembre de 2022.
Después
de esa acción contraria al debido proceso y en clara vulneración al voto
ciudadano, que eligió en urnas a su máxima autoridad departamental con 55% de
los votos, el gobernador sufrió el deterioro de su salud, con su encierro en el
penal de Chonchocoro, a más de 4.200 msnm en pleno altiplano paceño.
Esas
vulneraciones a sus derechos fundamentales, y el riesgo a su salud, también
fueron alertados ante la CIDH para que se asuman medidas cautelares para el gobernador
cruceño.
DIPUTADA CHIQUITANA
María
René Álvarez Camacho es una de las asambleístas más jóvenes que comprende la nueva
generación de mujeres políticas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional
de Bolivia. Es diputada uninominal, electa por voto mayoritario en la
circunscripción 54 de San Ignacio de Velasco, como representante de la región
chiquitana.
Álvarez
es una mujer comprometida con la lucha contra la corrupción y los
avasallamientos, para ello realiza un arduo trabajo de legislación,
fiscalización y gestión, velando por los intereses y el desarrollo de la Chiquitania,
sus provincias y todo el pueblo boliviano.
Desde
la gestión 2022 asumió la Secretaría del Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático,
Áreas Protegidas y Recursos Forestales de la Cámara de Diputados, rol que asumió
con total responsabilidad para trabajar por la preservación, protección y
defensa de las áreas protegidas, los territorios indígenas y el medio ambiente.
En
ese marco, consiguió un hito en materia medioambiental en Bolivia con la
presentación de la demanda cautelar ambiental del ANMI San Matías, para la
paralización de actividades mineras dentro de esa área protegida, donde se
revocó la licencia medioambiental para la inmovilización de una empresa minera
que pretendía explotar minerales de manera irregular en la zona, afectando y
contaminando a todo un ecosistema natural.
Esta
fue la segunda acción en materia medioambiental que se ha presentado en la
historia del país y la primera en ser admitida.
Es
con este compromiso que por su iniciativa, en 2023, se procedió a la creación y
conformación de un Comité Interinstitucional por la defensa del medio ambiente
y la protección pública de la reserva forestal del Área Protegida Municipal del
Bajo Paraguá, y de todas las zonas protegidas del departamento de Santa Cruz.
Con
ese antecedente, la diputada cruceña impulsó una Acción de Cumplimiento y logró
en octubre de 2023, la tutela para que el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio
de Velasco cumpla su rol y active todos los mecanismos legales contra los avasalladores
en esa reserva forestal.
Asimismo
recibió impulsó una inspección in situ al complejo de la Empresa Siderúrgica
del Mutún, ubicado en el municipio de Puerto Suárez, donde una comisión se
dirigió para escuchar las demandas laborales de profesionales y técnicos
bolivianos y tomar nota de las políticas ambientales que esa empresa ejecuta en
la región.
Finalmente,
en el último tramo de 2023, la legisladora llevó adelante toda una campaña de
denuncia a los riesgos ambientales por la construcción de la carretera La
Guardia – Tres Cruces – Buena Vista, con la afectación a los reservorios de
agua que abastecen al área metropolitana de Santa Cruz.
Una
Acción Popular interpuesta por la diputada en la Sala Constitucional Tercera
del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, logró que se exija la remisión
de los informes técnicos desde el Ejecutivo para transparentar la defensa de
los acuíferos de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural (UCPN) Güendá
Urubó.
María
René Álvarez representa a la Chiquitania y desde el 3 de noviembre es titular
de la Cuarta Secretaría de la Cámara de Diputados, luego de ser electa con
amplia mayoría de votos en el hemiciclo camaral.
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