La diputada María René Álvarez remitió una serie de cartas a los representantes cívicos y legisladores de Santa Cruz, para exhortarlos a respaldar el proyecto de ley para la abrogación de la Ley 741.

"Ante la falta de una comisión que trate el proyecto de abrogación de la Ley 741, estamos solicitando el respaldo de todos los diputados de Santa Cruz para que en la siguiente sesión se reponga en consideración, con dispensación de trámite, el proyecto que permitirá dar el primer paso desde el Legislativo para frenar los incendios forestales en Bolivia", dijo la diputada.

La pasada semana, Álvarez presentó junto al diputado Marcelo Pedrazas el proyecto destinado a abrogar la Ley 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas, para actividades agrícolas y pecuarias, que fue promulgada en 2015.

La norma no fue abordada y quedó derivada a la Comisión de Región Amazónica, que no cuenta con un diputado titular hace más de dos semanas y, por tanto, según la diputada, implica una dilatación innecesaria y burocrática.

Las notas fueron remitidas a todos los diputados cruceños de las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS), de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos, además de sus respectivos jefes de bancada, pidiendo su apoyo para que el proyecto sea retomado y tratado en la sesión de esta jornada, con dispensación de trámite y carácter de urgencia, dada la emergencia ambiental que sufre el departamento de Santa Cruz.

Asimismo, la diputada nacional envió una nota al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, para que se incluya en la Asamblea de la Cruceñidad, convocada para este martes, la temática ambiental y la necesidad de abrogar esta ley 741 "ecocida e incendiaria" que desde su promulgación contribuyó en la destrucción las áreas protegidas y reservas naturales del departamento, provocando los mayores incendios que vivió el país, como el registro de 2019 o la actual crisis ambiental que ha derivado en contaminación atmosférica y el riesgo a la vida de las comunidades indígenas de la Amazonia y Chiquitania.

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