La firme defensa de la diputada María René Alvarez, Creemos, de la reserva forestal Bajo Paragúa logró que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz admita la Acción de Cumplimiento que instruye al alcalde de San Ignacio de Velasco actuar legalmente contra los avasallamientos y toda toma ilegal de esta área protegida.

“Se ordena al alcalde de San Ignacio de Velasco que tome las acciones positivas encaminadas a proteger el medio ambiente en la reserva forestal Bajo Paraguá, que tome las acciones necesarias para evitar asentamientos en el lugar, así como también pudiera ejercer las acciones legales frente a cualquier acto de avasallamiento o adherirse a la denuncia que ya tiene instaurada el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”, dispone la Sala Constitucional en el fallo emitido este 20 de octubre 2023.

Mediante la Acción de Cumplimiento, Álvarez, exigió acciones concretas establecidas en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa ambiental en vigencia, entre éstas, se ordene al alcalde de San Ignacio de Velasco, Carlos Ruddy Dorado Flores, cumplir con toda acción legal necesaria en contra de avasalladores y toda toma ilegal de predios en el área forestal protegida acudiendo a la Justicia Ordinaria.

La disposición judicial instruye al alcalde de San Ignacio de Velasco frenar y el desalojo de toda persona que incurra en la tala de árboles y el desmonte, acciones legales que deben imponerse en coordinación con la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT).

Asimismo, admitió, e instruye, la aplicación de la Ley Autónoma Municipal en beneficio del Área Municipal Protegida del Bajo Paraguá, no sólo por la vía administrativa, sino también por la vía Ordinaria a objeto de garantizar las acciones operativas en su conjunto.

La acción de cumplimiento fue formulada luego de que fuera conformado el Comité Interinstitucional de defensa del Bajo Paraguá, que contó con la participación de asambleístas nacionales, departamentales y caciques indígenas de las comunidades Florida, Porvenir, Piso Firme y Picaflor.

El Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá adquirió su rango de reserva forestal mediante la Ley Autonómica Municipal 469/2021 del 28 de enero de ese año y comprende una superficie de 76.693,37 hectáreas que pasaron a depender del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco; por tanto, es el territorio que ahora deberá ser protegido con la resolución de la Acción de Cumplimiento de este 20 de octubre.

“Este es un fallo histórico para la protección de nuestros recursos naturales y nuestros bosques, pero también es un antecedente para defensa de las comunidades indígenas de nuestra Chiquitania que se ven amenazados y expulsados de sus propias tierras por estos grupos de avasalladores violentos”, expresó con satisfacción luego de conocer la decisión judicial.

Las acciones de defensa de Bajo Paraguá surgen luego del avasallamiento de estas tierras protegidas, el 23 de agosto de 2021, cuando pobladores originarios, la diputada Álvarez junto a una comitiva de autoridades regionales y guardias forestales fueron emboscados por un grupo de avasalladores de los denominados interculturales el momento en que inspeccionaban el lugar a fin de verificar la veracidad de las reiteradas denuncias sobre el “avasallamiento de estas tierras protegidas.

Tras conocer la presencia del equipo técnico de la Gobernación, municipal y la presencia de la diputada Álvarez los avasalladores huyeron del lugar donde ya habían preparado una fogata y tenían material combustible almacenado, presuntamente para generar focos de fuego.

Recordemos que la  diputada María René Álvarez tiene a su cargo la Secretaría del Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que entre otras gestiones logró  que el 2022 el Juzgado Agroambiental admita la demanda cautelar ambiental para frenar las operaciones de la empresa minera Mincruz dentro del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) de San Matías, con la consecuente revocatoria de su licencia ambiental de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), por las irregularidades detectadas y la afectación a una zona también protegida en el departamento de Santa Cruz.

//PRENSA DIPUTADOS / MRA//