A dos años del secuestro a policías, trabajadores y periodistas en predios de Las Londras, la diputada nacional María René Álvarez calificó ese caso como un antecedente que confirma la instrumentalización de la justicia, la impunidad y la amenaza latente de los avasalladores en Santa Cruz.

“Es lamentable que lleguemos a cumplir dos años de un hecho que nos confirma la instrumentalización de la justicia, que es selectiva para algunos, y el estado de indefensión que vivimos en Santa Cruz con estos grupos de avasalladores que actúan con violencia e impunidad en todo el departamento”, dijo.

Para la diputada, al no existir justicia para las víctimas del secuestro y tortura de aquel 28 de octubre de 2021, incluyendo a periodistas, se sienta un nefasto precedente que alienta a estos grupos irregulares a continuar tomando tierras provistos con armas de fuego.

“Nosotros denunciamos constantemente estos hechos, desde que asumimos la diputación, y recién se dan cuenta del peligro que significan los avasalladores que tienen relación directa o indirecta con el tráfico de tierras y el narcotráfico”, agregó la legisladora cruceña, que recordó las amenazas que sufrió junto a su familia por visibilizar esta problemática.

Hace dos años, un grupo de avasalladores de tierras que había tomado la propiedad de Las Londras, en el municipio El puente de la provincia Guarayos, emboscó a la comitiva que había llegado al lugar para verificar la situación, tras la denuncia de los propietarios.

Los avasalladores, liderados por Paulino Camacho, Sixto Canaza y Nicolás Ramírez, entre otros, encapuchados y con armas de fuego, bajaron a un grupo de siete trabajadores del predio, cuatro policías y seis periodistas, mientras otro vehículo de la comitiva logró salir de la zona no sin antes recibir disparos de escopetas.

Esa emboscada fue filmada por un camarógrafo de la red ATB, a quien luego los avasalladores encaran, amenazan y luego de exigirle borrar las imágenes y dejar la cámara en el piso, disparan destrozando el aparato. Sin embargo, la toma quedó grabada en la memoria del artefacto televisivo y fue vital para identificar a los autores.

Las 17 personas serían secuestradas, llevadas a un tinglado improvisado para ser amedrentadas, golpeadas e incluso amenazadas de muerte. Luego se les obligó a firmar un “compromiso” para desistir cualquier denuncia penal, ante la inminente llegada de un contingente policial de rescate.

Tras los actos investigativos se aprehendió y dictó detención preventiva a varios de los sospechosos bajo cargos de privación de libertad, portación de armas, lesiones graves, robo agravado y tentativa de homicidio, pero en cuestión de meses todos quedaron en libertad. Incluso Ramírez amenazó a los medios que continúen llamándolos avasalladores, mientras Camacho, quien tenía antecedentes por el mismo ilícito, sostuvo que ellos seguirían tomando propiedades, pues considera que las tierras de Santa Cruz les pertenecen a los llamados interculturales.

//PRENSA DIPUTADOS / MRA//