La aprehensión violenta del presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez Ojopi, la tarde de este jueves, es otro caso de secuestro judicial, denunció la diputada María René Álvarez, quien reprochó la instrumentalización de la justicia desde el Gobierno central.

Rodríguez Ojopi fue interceptado por efectivos policiales cuando salía de comprar medicamentos en una tienda de esa ciudad, para ser trasladado en primera instancia, hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Para la diputada cruceña, la aprehensión se trata de otro caso de secuestro judicial, porque con seguridad el cívico será trasladado a otra jurisdicción sin respetar el criterio de juez natural, como viene sucediendo con los casos abiertos por el Gobierno central contra los líderes de Santa Cruz.

La orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Freddy Durán, con la imputación contra Rodríguez Ojopi por los supuestos delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación pública a delinquir y apología del delito.

La diputada Álvarez recordó que los hechos sucedieron en octubre de 2022, cuando el departamento de Santa Cruz salió a protestar pacíficamente con el pedido de la realización del censo nacional de población y vivienda, tal como estaba previsto en los plazos constitucionales.

Para la legisladora, fue el MAS y el propio gobierno que actuó con violencia y provocación para generar violencia en el departamento.  

En el caso concreto del cívico de Puerto Quijarro, se investiga la muerte del funcionario municipal Julio Taborga, fallecido el 16 de octubre de 2022, durante las protestas ciudadanas y la represión policial. Para la Fiscalía, Rodríguez Ojopi murió golpeado, pero la versión de su hijo, que lo acompañaba en ese momento, su padre perdió la vida por la asfixia provocada por los excesivos gases lacrimógenos que lanzaron desde la Policía.

La diputada recordó que esta táctica de secuestro judicial ya se dio con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho el pasado 28 de diciembre, además de advertir que la reciente imputación contra la autoridad cruceña y cuatro miembros del Comité Interinstitucional que encabezó las protestas por el censo 2022, es la prueba de que en Bolivia se vive la persecución política.

//PRENSA DIPUTADOS / MRA//