Una investigación de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), publicada en el diario El Deber, concluye que entre 2011 y 2022, en Bolivia se alcanzó una pérdida de la cobertura boscosa del 37%.

La deforestación, los desmontes, los avasallamientos, las quemas indiscriminadas, la tala de árboles y tráfico de madera son parte del problema.

El mismo informe confirma que Santa Cruz es el departamento más afectado con 20% de deforestación. El bosque original del departamento se redujo de 32 millones de hectáreas a 26 millones de hectáreas.

Y dentro del departamento es el bosque chiquitano el que más pérdidas registra con 30% de hectáreas en San Ignacio, San Rafael, San José de Chiquitos, Roboré, San Miguel, Carmen Rivero Torrez, Concepción, además de Charagua y Guarayos.

Todo este panorama es consecuencia directa de las políticas depredadoras del nivel central y el régimen del MAS, tanto con Evo Morales como con Luis Arce.

El informe cita, por ejemplo, las decisiones tomadas en la Cumbre Alimentaria Sembrando por Bolivia de 2015, que fue ampliando a 10 millones de hectáreas el área aprobada para la producción agrícola, con el aplauso de una parte del sector empresarial que solo el busca rédito inmediato como hace cualquier organización social afín al régimen masista.

También debemos recordar la Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas de abril de 2019 que derivó en el peor incendio de los últimos tiempos en la chiquitanía y la amazonía, con más de 5,3 millones de hectáreas perdidas y la destrucción de la flora y fauna de esta importante zona.

Todo este panorama explica el rechazo que hizo Luis Arce a alcanzar la meta de deforestación cero en Bolivia, durante la Cumbre de la Amazonía en Belém do Pará, desarrollada en Brasil en agosto pasado.

A esto se suman los proyectos depredadores, con la minería ilegal y aquella cooperativizada que ahora cuentan con aval para vender oro al Estado y el pliego que presentaron en La Paz para poder ingresar a las áreas protegidas, cuando ya están instalados de facto como ya sucede dentro del Tipnis.

Finalmente, están los proyectos de carreteras que también invaden las áreas protegidas y las reservas naturales del país, sobre todo en el oriente del país.

Los parques nacionales más afectados resultan ser, según el documento de la FAN, el Amboró, Isiboro Sécure (Tipnis), Carrasco y San Matías. Y también las áreas protegidas Laguna Concepción, Río Grande y Valles Cruceños, y Güenda Urubó.

Ese último caso, con la carretera La Guardia – Buena Vista, es el que hemos denunciado este año desde la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, porque además pone en riesgo los acuíferos que abastecen del líquido elemento a Santa Cruz, y que el régimen se empecina en aprobar sin medir las consecuencias a la vida de la población.

Todos estos datos objetivos, medibles y comprobables confirman que las políticas de supuesta “defensa de la Madre Tierra” que manejó el MAS desde su llegada al poder, solo fue y es un discurso populista y demagogo, porque en los hechos Bolivia con sus áreas protegidas y sus bosques está peor que nunca, rumbo a un desastre ambiental irreparable.

*Por: María René Álvarez

DIPUTADA NACIONAL