La diputada María René Álvarez explicó que, según el contrato de la CAF y el Gobierno por los 112 millones de dólares para la construcción de la carreta La Guardia – Buena Vista, en la cláusula 7 del documento, los plazos para los desembolsos ya vencieron y, por tanto, eso constituye otra irregularidad.

“Necesitamos información de la CAF y del Ministerio de Obras Públicas sobre estos desembolsos”, manifestó en conferencia de prensa, donde explicó que la cláusula 7 del contrato firmado en fecha 14 de septiembre de 2017 se establecen dos plazos.

“El prestatario tendrá un plazo de 6 meses para solicitar directamente o por conducto del organismo ejecutor el primer desembolso y de 48 meses para solicitar el último desembolso, ambos plazos serán contados desde la fecha de entrada en vigencia”, cita la cláusula.

La diputada expresó que seguirá pidiendo todos los informes necesarios, tanto al Ejecutivo como al organismo internacional de financiamiento, que hasta la fecha guarda silencio sobre los riesgos ambientales a la zona de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güeda – Urubó, y ahora también en torno al contrato que fue aprobado en abril de 2018.

En la inspección in situ realizada ayer en la UCPN Güenda – Urubó, sobre el lecho del río, se evidenció que el tramo que propone la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), afecta al bosque virgen de la zona y vuelve a amenazar a los reservorios de agua que abastecen a la zona metropolitana de Santa Cruz.

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