El problema de los avasallamientos se origina en la falta de voluntad del Gobierno para encarar el saneamiento de tierras en Bolivia, a través de sus instituciones competentes.

El problema se agrava porque el partido en función de gobierno comprometió, desde su llegada al poder en 2006, la repartición de las tierras del oriente y la amazonía, a título de “redistribución” territorial a sus adeptos, mal llamados “interculturales”, como forma de prebenda.

Los avasallamientos son el primer paso de una acción sistemática y coordinada, para tomar propiedades, asentarse en esos territorios y formar sindicatos que luego obtienen personería jurídica como “comunidades agrarias”.

El Gobierno, ese mismo que origina el problema, luego reconoce a esas comunidades, por encima no sólo de los empresarios y propietarios legítimos de las tierras, sino vulnerando el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus territorios y sus recursos naturales, y entrega las tierras a estos a estos nuevos colonizadores.

Los colonizadores, luego como nuevos propietarios, trafican sus hectáreas y las revenden a otros empresarios o grupos como los menonitas. El negocio es redondo a título de “lucha social”.

Para entrar a este círculo, estos grupos de sindicatos colonizadores usan estrategias de guerrilla armada, porque saben que tienen vía libre para sus acciones, porque el Gobierno no los reprimirá con la fuerza policial ni los acusará con el Ministerio Público.

De las tierras en disputa y de las tierras fiscales, no conformes, estos grupos ya están pasando a ingresar a las reservas naturales y áreas protegidas.

La expansión de los cultivos de coca y la actividad del narcotráfico son otras formas de avasallamiento, no sólo en el oriente y amazonía sino en los valles, que poco a poco va convirtiendo a Bolivia en tierra de nadie.

La violencia es cada vez mayor y el futuro del país podría ser una Colombia de los años de las FARC o la completa colonización territorial interna para imponer una “reconstrucción” ideológica y hegemónica de poder.

Los recientes hechos de violencia y sangre en Santagro deberían sensibilizar al país, las autoridades y la clase política para ver el trasfondo de los avasallamientos. Los bolivianos merecemos seguridad y respeto a la vida y la propiedad privada.

María René Álvarez

Diputada Nacional por Santa Cruz