La diputada de Creemos, María René Álvarez, comprometió su respaldo a las decisiones que tomen los pueblos indígenas de la Chiquitanía, a través de sus representantes caciques, para tomar acciones concretas en defensa del Área Protegida Municipal de Bajo Paraguá.

El 22 de marzo se convocó a una mesa interinstitucional, tal como se concluyó en voto resolutivo del cabildo indígena de principios de mes, para comenzar a reforzar la defensa del Bajo Paraguá ante nuevas amenazas de grupos de avasalladores que, incluso, pidieron quitar el denominativo de área protegida a la zona.

Álvarez tuvo reuniones en las últimas horas con representantes departamentales y municipales a quiénes entregó un legajo de pruebas documentales sobre la problemática de los asentamientos ilegales en la zona.

En ese marco, la diputada pidió la participación de todas las autoridades ejecutivas y legislativas, representaciones cívicas y caciques indígenas, sin miramientos políticos para defender este patrimonio natural que es de San Ignacio, de Santa Cruz y de toda Bolivia.

"El próximo 22 de marzo se va a llevar a cabo la primera mesa interinstitucional sobre avasallamientos en el Bajo Paraguá; en esta mesa interinstitucional queremos tener la participación de autoridades cruceñas, de autoridades del departamento de Santa Cruz, municipales y locales como protectores de la zona y, principalmente, nuestras autoridades indígenas originarias que son ellos los centinelas y guardianes de nuestra área protegida", declaró.

El Bajo Paraguá fue declarado como Área Protegida Municipal, mediante ley autonómica municipal de 2021. En los últimos años, esa reserva fue amenazada por los avasallamientos, la deforestación hasta la instalación de pistas clandestinas para el narcotráfico.

//PRENSA DIPUTADOS / MRA//